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Organizaciones en México rechazan decretos de Reserva de Agua firmados por Peña Nieto

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Varias organizaciones y colectivos en Chiapas rechazaron enérgicamente los diez decretos firmados por el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto en los que se modifica el estatus de veda que protegía 300 cuencas de agua en todo el país.

Consideraron como “un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua”.

“Es la única salida que ha encontrado (Peña Nieto) para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la “ley Korenfeld” en 2015 como el “borrador Pichardo” en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana”, explicaron.

Las organizaciones mexicanas también aseguraron que la consulta gubernamental fue una “simulación”, pues no se tomó en cuenta ni a los núcleos agrarios ni a las comunidades indígenas para emitir los diez decretos el pasado 5 de junio.

A continuación, el comunicado completo:

A la sociedad civil de Chiapas y México, 
A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A los candidatos a la presidencia de la República,
Al Congreso de Chiapas,
A los candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Chiapas,

Como integrantes de varias organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas, les manifestamos que rechazamos enérgicamente los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

En estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio. Es la única salida que ha encontrado para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer una Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la “ley Korenfeld” en 2015 como el “borrador Pichardo” en el 2018, los cuales fueron detenidos gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana.

Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Desinformémonos/La Radio del Sur