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Paraguayos marcharán en contra de ley privatizadora

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Yvke Mundial/ La Radio del Sur

Organizaciones sociales, opositoras al gobierno del presidente Horacio Cartes,convocaron para el lunes una gran movilización nacional contra una ley privatizadora, que afectará el desarrollo de las actividades en el país por la cantidad de sectores que se suman a la protesta.

La convocatoria fue hecha por la Coordinadora Democrática, instancia recién constituida por múltiples organizaciones que supera en número y características a los anteriores movimientos opositores del Gobierno.

Se tiene previsto que participen 15 de los 17 departamentos del país en diversas formas, mientras que en la capital, Asunción, la marcha culminará frente a la sede del Congreso, el cual deberá debatir el proyecto gubernamental.

La Coordinadora Democrática fue impulsada por las centrales obreras y sindicatos independientes, agrupando a trabajadores del servicio eléctrico, el nacional de Telecomunicaciones y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones.

A ellos se suman las organizaciones de trabajadores del transporte de carga, empleados del sistema de Salud y la Unión Nacional de Pescadores que realizará paralelamente protestas en las grandes vías fluviales.

Para el mismo día lunes, los gremios docentes suspenderán las clases, así como los del servicio sanitario, de la industria del cemento, suministro de agua potable, construcción y aeropuertos y puertos.

La Coordinadora confirmó el apoyo también de organizaciones campesinas e indígenas, la Federación Nacional de Estudiantes y los partidos políticos progresistas encabezados por la coalición Frente Guasú.

Uno de los dirigentes de la Coordinadora, Juan Torales, dijo que la ley “atenta contra todo el pueblo paraguayo porque remataría los bienes públicos para entregarlos a intereses privados nacionales y extranjeros”.

Por su parte, el Frente Guasú, se refirió concretamente a la llamada Ley de Alianza Público-Privada (APP) impulsada por el Ejecutivo, la cual, según aseguró, busca la venta y entrega del patrimonio público a multinacionales y empresas foráneas.